Áreas Naturales Protegidas Estatales, del Distrito Federal y Municipales de México
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Las áreas naturales protegidas (ANP), aunque paradójicamente no son consideradas expresamente por la legislación mexicana como instrumentos de la política ambiental, constituyen actualmente la estrategia de política ambiental más consolidada en México para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ambientales (Tabla 1). La mayor parte de las ANPs mexicanas son conceptualizadas como zonas de usos múltiples, dentro de las cuales la magnitud y la forma en la que se desarrollan las actividades económicas, son limitadas por los umbrales que impone el uso sustentable de los recursos naturales y no necesariamente para satisfacer las necesidades impuestas por un desarrollo no sustentable y con visión de corto plazo. Esto significa que las ANPs mexicanas no se encuentran aisladas de la economía nacional, sino que participan activamente para fortalecerla y consolidarla, dentro de los límites que impone la necesidad de conservar su condición natural a largo plazo.

Tabla 1.- Número, superficie y cobertura de las Áreas Naturales Protegidas en México.

Áreas Naturales Protegidas de las Entidades Federativas

Las áreas naturales protegidas de las entidades federativas (ANP estatales y del Distrito Federal) no son un fenómeno nuevo. El primer antecedente se remonta a 1926, cuando el Gobierno del Estado de Chihuahua decreta el Parque Sierra de Majalca con 4,773 ha, en la Municipalidad de Chihuahua, Distrito de Morelos sobre un predio adquirido por dicho Gobierno a la sucesión del Sr. Pablo Martínez del Río. Años después, en 1972 los esfuerzos del Prof. Miguel Álvarez del Toro fructifican en el Estado de Chiapas, cuando son establecidas ocho Áreas Naturales Típicas del Estado de Chiapas. En 1975 el Estado de México y en 1976 el de Veracruz establecen su primera ANP. Todos estos esfuerzos carecían de un marco jurídico específico, por lo que fueron creadas directamente mediante decretos emitidos por las legislaturas estatales respectivas.

Resulta aventurado generalizar los elementos que caracterizan el contexto dentro del cual se originan y desarrollan las ANP de las diferentes entidades federativas, sobre todo porque la situación en cada estado necesariamente responderá a situaciones particulares e individuales. Un hecho generalizable, es que a partir de 1988 con la expedición de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como el marco que regula la concurrencia de las entidades federativas y los municipios en materia ambiental, se generó la necesidad en las entidades federativas de crear legislaciones locales. Es mediante estas leyes estatales y del Distrito Federal que finalmente se codificó en toda la República el marco jurídico que permitiría formalmente el establecimiento de ANP en aquellas entidades federativas que carecían de este marco, ya que sólo el Estado de México había expedido una ley específica al respecto.

Una de las principales deficiencias observadas en la mayor parte de las leyes de las entidades federativas, es la carencia de las bases para la creación de los espacios para la participación pública en la conservación y manejo de las áreas. Esta deficiencia retrasará enormemente el desarrollo de las ANP locales, ya que al igual que en las áreas de interés de la federación, la mayor parte de las tierras comprendidas dentro de estas ANP son propiedad de ejidos, comunidades y particulares y su conservación sólo podrá lograrse logrando la participación efectiva de estos actores sociales.

En términos generales puede establecerse que aún no existe, en la gran mayoría de las entidades federativas, una Política de Estado manifiesta con respecto a las ANP. En este sentido, prevalece el sello personal impuesto por algunos de los gobernadores con interés personal en el tema, lo que provoca un sello individual a los esfuerzos de creación de ANP, el cual se manifiesta en forma de impulsos creativos, seguidos de periodos de inactividad en la mayor parte de las iniciativas relacionadas con las ANP estatales.

Las 275 ANP de las entidades federativas con decreto vigente y que no se encuentran sobrepuestas a ANP federales, abarcan 3’308,791 ha (superficie SIG). Su cobertura terrestre representa el 1.56 % de la superficie terrestre e insular de nuestro país y comprenden el 14% del total de la superficie de las ANP decretadas en México. En cuanto a la magnitud y porcentaje del territorio de las entidades federativas, que cuentan con ANP de nivel estatal, destacan los estados de: México con 629,327 ha (29.4 % de su territorio), Aguascalientes con 116,030 ha (21.1 %), Campeche con 572,966ha (8.9 %), Guanajuato con 256,559 ha (8.3 %), San Luís Potosí con 397,716 ha (6.2 %) y Quintana Roo con 281,270 ha (3.8 %)..

Nota: Las cifras relativas a las áreas naturales protegidas incluidas en este texto y las tablas subsecuentes son de carácter informativo y carecen de validez legal, para lo cual los usuarios deberán referirse directamente a los decretos correspondientes. Las cifras expresadas, corresponden a mediciones realizadas por medio de un sistema de información geográfico (SIG), utilizando una proyección Cónica Conforme de Lambert (CCL), por lo que no necesariamente corresponden a las expresadas en los decretos de creación de las ANP. En las cifras expresadas se han eliminado las sobreposiciones existentes entre diversas áreas.

Cinco estados de la República Mexicana carecen actualmente de ANP estatales: Baja California, Colima, Guerrero que aún no han establecido ANP en su territorio, Chihuahua en donde Sierra de Majalca fue posteriormente decretada como parque nacional por el Gobierno Federal y Puebla, en donde Tehuacán-Zapotitlán y Filo de Tierra Colorada fueron decretados por la federación como parte de la Reserva de la Biosfera Tehuacán - Cuicatlán y la pequeña porción restante aparentemente se ubica en territorio oaxaqueño. Resulta interesante el hecho de que 4 estados del Sureste de la República: Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, no obstante de que carecen de jurisdicción sobre el Mar Territorial, conjuntamente han decretado 238,088 ha de superficie marina como parte de sus ANP costeras.

La aportación de las ANP estatales a la protección de los ecosistemas en México es relevante en cuanto a: selva espinosa, vegetación hidrófila, selva perennifolia, selva subcaducifolia y bosque mesófilo de montaña, cubriendo más del 2.5 % de la existencia de estos tipos de vegetación en México. En cuanto a los usos del suelo presentes en las ANP municipales, el 71% corresponde a vegetación primaria y secundaria, el 8% a cuerpos de agua y el 21% a usos del suelo predominantemente antrópicos (Tabla 2).

Tabla 2.- Usos del suelo en las áreas naturales protegidas estatales y del Distrito Federal (Serie III INEGI).


Aunque la superficie del territorio nacional incluida dentro del esquema de ANP de las entidades federativas es cada día más relevante, es posible afirmar que la mayor parte de las ANP de las entidades federativas aún constituyen “parques de papel”, debido a una grave carencia de recursos humanos y financieros disponibles para su conservación y manejo. La consolidación de las iniciativas de las entidades federativas para el establecimiento y manejo de sus propias ANP, deberá ser acompañada de un programa de apoyo por parte del Gobierno Federal que permita tanto un intercambio horizontal de experiencias y mejores prácticas, como para brindar oportunidades de acceso a fondos concurrentes provenientes del presupuesto federal, destinados al manejo directo de las áreas y el desarrollo de las capacidades locales para la conservación de las ANP. Resulta preocupante la multiplicación de iniciativas de algunos estados, para que sus mejores ANP sean decretadas a nivel federal con el objeto de garantizar su financiamiento, ya que esta situación retrasará el desarrollo de las capacidades, la voluntad política y el apoyo social locales, que representarán requisitos indispensables para su consolidación.

La consolidación de las iniciativas de las entidades federativas para el establecimiento y manejo de sus propias ANP, deberá ser acompañada de un programa de apoyo por parte del Gobierno Federal que permita tanto un intercambio horizontal de experiencias y mejores prácticas, como brindar oportunidades de acceso a fondos concurrentes provenientes del presupuesto federal, destinados al manejo directo de las áreas y el desarrollo de las capacidades locales para la conservación de las ANP. En este sentido resulta preocupante la multiplicación de iniciativas en las que algunos estados optan por que sus mejores ANP sean decretadas a nivel federal.

Áreas Naturales Protegidas Municipales

El establecimiento de áreas naturales protegidas de interés de los municipios es una tendencia relativamente nueva, que se inicia en 1977 con el decreto emitido por el Gobierno del Estado de México que estableció el Parque Municipal Tecula. Actualmente sólo 10 de las 32 entidades federativas de México cuentan con ANP municipales: Chiapas, Campeche, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Las 85 ANP municipales con decreto vigente que no se encuentran sobrepuestas a ANP federales o estatales, abarcan 122,838 ha y representan apenas el 0.06 % de la superficie terrestre e insular de nuestro país y el 0.53 % de la superficie de las ANP decretadas en México.

Los municipios que destacan en cuanto a la importancia de sus ANP de interés municipal son: Torreón, Coah., con la Sierra y Cañón de Jimulco (48,649 ha); Hopelchén, Camp., con Laguna Ik (28,743 ha); Zapopan, Jal., con la Barranca del Río Santiago (17,729 ha), Querétaro, Qro., con  la Zona Occidental de Microcuencas (11,437 ha) y Jurica Poniente (222 ha); Mérida, Yuc., con Tumben Cuxtal (10,757 ha); y, Tampico, Tamps., con La Vega Escondida (2,217 ha).

No obstante la mayor extensión territorial en las áreas naturales protegidas municipales se presenta en el matorral xerófilo, el cual abarca más de una tercera parte de estas, su aportación porcentual a la protección de los ecosistemas en México es aún sumamente limitada, representando a nivel nacional porcentajes menores al 0.5 % en las selvas subcaducifolia, caducifolia y espinosa y menores o igual al .08 % en el resto de los tipos de vegetación. En cuanto a los usos del suelo presentes en las ANP municipales, el 81 % corresponde a vegetación primaria y secundaria, el 2 % a cuerpos de agua y el 17 % a usos del suelo predominantemente antrópicos (Tabla 3).

 Tabla 3.- Usos del suelo en las áreas naturales protegidas municipales (Serie III INEGI).

El incipiente desarrollo de las ANP de interés de los municipios evita en este momento poder realizar un análisis efectivo sobre el contexto político y el marco institucional dentro del cual éstas se desarrollan. Sin embargo, el fortalecimiento de las capacidades municipales para integrar a los municipios efectiva y pro-activamente a un verdadero esquema federativo, ha sido cuando menos durante las últimas dos décadas, un importante componente de la política de Estado a nivel nacional.

Muchas de las 83 ANP municipales decretadas a la fecha representan parques urbanos o periurbanos, siendo, por ejemplo 66 de ellas parques de poco más de una hectárea de superficie, decretados por el Gobierno del Estado de Chiapas entre 1995 y 1996, en pequeños poblados de diversos municipios del Estado. Esta percepción errónea de lo que debe ser considerado como un área natural protegida, observada tanto en la concepción de muchas ANP municipales, como de algunas en las entidades federativas, se deriva de la inclusión en 1988 de los “parques urbanos” como una de las categorías de manejo de las ANP federales en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Resulta importante que en esta etapa incipiente de desarrollo de las ANP de interés de los municipios, se establezca una definición legal que permita diferenciar claramente a los espacios verdes urbanos y brindarles una solidez jurídica, como componentes esenciales de la infraestructura de los centros de población y el papel que pueden asumir los municipios en la conservación de los espacios naturales que constituyen verdaderas ANP. En este sentido las ANP municipales, pueden proveer de servicios ambientales a una porción de la sociedad mexicana mucho más amplia que los habitantes de la propia localidad, y por ende deberían ser elegibles para la obtención de apoyos presupuestarios estatales o federales y así garantizar la viabilidad y permanencia de estos servicios.  

Finalmente, es importante remarcar que el incipiente desarrollo de las ANP municipales en México representa una veta prácticamente inexplorada para la conservación de espacios naturales. No obstante que hoy en día la mayor parte de los municipios presentan una limitada capacidad institucional para la gestión de los recursos naturales y una gran escasez de recursos humanos y financieros que pueden dedicar a este tema, el papel que deben jugar en la conservación y uso sustentable de estos recursos deberá adquirir cada día una mayor importancia.

Resulta paradójico encontrarse tanto con resoluciones judiciales que instruyen a municipios en Baja California Sur y Querétaro, para que revoquen decretos de ANP establecidas por los propios municipios, sin que éstos tengan las capacidades legales necesarias para realizar una defensa jurídica adecuada, como con situaciones que confrontan a las ANP federales con los planes de desarrollo urbano municipales, en municipios de Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas. Esta situación es totalmente entendible desde el punto de vista que la base de ingresos de los municipios (impuesto predial y derechos, productos o aportaciones) se incrementan con la expansión urbana y el desarrollo de actividades comerciales y no con la protección de los recursos naturales. En este sentido será necesario que los marcos jurídicos hacendarios sean modificados para favorecer las iniciativas municipales de protección de recursos naturales, y que la federación establezca programas específicos de apoyo directo a los municipios que deseen desarrollar dicha capacidad y que cuenten en su territorio con espacios naturales de importancia para la conservación de la biodiversidad y la generación de servicios ambientales a nivel regional.

Conclusiones

A pesar del importante avance en materia de las áreas naturales protegidas alcanzado en México a la fecha, para el cual varios de los estados, el Distrito Federal, algunos municipios y la propia sociedad aportan contribuciones relevantes (Tabla 4), es importante reconocer que aún queda mucho por hacer, tanto para salvaguardar el patrimonio biológico y escénico comprendido en estas áreas, como para el mantenimiento de los servicios ambientales que éstas proveen a la sociedad.

Tabla 4.- Aporte comparativo de los diferentes tipos de áreas naturales protegidas a la cobertura nacional.

 
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Créditos y Agradecimientos